Además consideró que la acción fiscal contra la representante del Defensor del Pueblo es consecuencia de una investigación por acoso laboral iniciada en Potosí y que concluyó con la recomendación de investigar a Fuertes. Ese trabajo derivó, recordó, en la renuncia del entonces fiscal Departamental y su posterior suspensión.
Fue enumerada una serie de violaciones al debido proceso en el proceso que terminó incluyendo a Alarcón del Río en un proceso penal en Vitichi, como el extravío de declaraciones y publicidad interesada de del hecho en medios de comunicación.
“Sólo podemos concluir que se trata de un intento articulado de persecución, hostigamiento y acoso a través del abuso de autoridad, sin indicios que podrían devenir en una instrumentalización de la justicia con fines políticos o personales”, consideró la Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento sobre el caso.
Demandó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional tomar las acciones que correspondan para “frenar ese tipo de acciones irregulares e ilegales y garantizar el respeto y protección del trabajo de las y los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo”.
La Razón
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