La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos
(Diprove) de Potosí acusó a un fiscal de Tupiza de encubrir a una banda a
la que atribuye el robo de unos 300 vehículos desde 2008. El Ministerio
Público niega la veracidad de la denuncia.
“Existe
una especie de protección hacia la banda del fiscal (de Tupiza). Podemos
predecir el futuro de la investigación (a favor del grupo
delincuencial) y sería en vano nuestro trabajo”, se quejó el teniente
Carlos Dávila, director de Diprove Potosí.
El 17 de abril, la Policía denunció la desarticulación
de una banda, integrada por una docena de personas que robaban vehículos
en Argentina y Chile, los transportaban a Uyuni, donde eran
“camuflados”, para luego ser enviados a Tupiza o Villazón, donde los
comercializaban como coches de segunda mano.
Bajo el
lema de “Escudo del Sur”, Diprove comenzó operativos para recuperarlos.
Identificó como el líder al boliviano Wilber Q. Q., de 25 años, y
solicitó ayuda al fiscal provincial Charles T., quien según la
dirección policial encargada de combatir el robo de motorizados se
“negó”.
“Este operativo tuvo la característica de
verse obstaculizado por la no colaboración del fiscal, a diferencia del
de Villazón, quien actuó de acuerdo con su función”, manifestó el
teniente. La Razón no pudo contactar a Charles T., pero sí habló con el
fiscal de Distrito, José Luis Barrios, quien negó la veracidad de la
denuncia y señaló que desde el momento que ocupa el cargo se coadyuvó
con Diprove en todos sus operativos.
“No
obstaculizamos nada, al contrario, una vez que se han conocido las
diferentes denuncias, hemos llevado adelante la investigación”, afirmó.
Según las pesquisas de Diprove Potosí, la banda opera desde mayo de
2009, y el representante del Ministerio Público de Tupiza, pese a tener
conocimiento, “no hizo nada para abrir el caso y buscar la verdad”,
insistió el teniente Dávila.
Captura. El 19 de mayo,
en el marco del operativo Comadreja del Sur, se capturó al líder de la
banda. El grupo, además de robar vehículos, falsificaba el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el Registro Único para la
Administración Tributaria Municipal, la roseta de inspección técnica
vehicular, matrículas y hasta la tercera placa, y vendía cada unidad
entre $us 10.000 y $us 8.000.
La cabeza del
Ministerio Público en Potosí dijo desconocer los antecedentes del caso,
ya que asumió el cargo hace cinco meses. El caso lo manejó Diprove
Potosí, sin embargo, el abogado de Wilber Q.Q. solicitó que sea
remitido a Tupiza, algo que no será posible, según Barrios. “Ahora lo
lleva la fuerza anticrimen, no quisiéramos que salga de la cárcel y
vuelva a operar”, añadió.
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